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ABC COLOR 20 DE OCTUBRE DE 2012

 

Lamentable abandono de nuestros hermanos aché

Un panorama desolador es el que están sufriendo nuestros compatriotas de la etnia aché, debido al permanente acoso violento de un grupo de “carperos” que quieren apoderarse de sus tierras ancestrales. La situación de abandono en que ya se venían desenvolviendo se agravó con el repudiable hostigamiento al que son sometidos por los carperos desde hace ya varios meses, con la repetida invasión de la propiedad más conocida como “finca 470”, en el departamento de Canindeyú. Es llamativo que la clase política paraguaya se llene la boca a la hora de hablar de la necesidad de proteger los derechos de los pueblos originarios, pero cuando se trata de garantizar que el hábitat de estos sea debidamente preservado, se queda de brazos cruzados.

Un panorama desolador es el que están sufriendo nuestros compatriotas de la etnia aché, debido al permanente acoso violento de un grupo de “carperos” que quieren apoderarse de sus tierras ancestrales. La situación de abandono en que ya se venían desenvolviendo se agravó con el repudiable hostigamiento al que son sometidos por los carperos desde hace ya varios meses, con la repetida invasión de la propiedad más conocida como “finca 470”, en el departamento de Canindeyú.

Es llamativo que la clase política paraguaya se llene la boca a la hora de hablar de la necesidad de proteger los derechos de los pueblos originarios, pero cuando se trata de garantizar que el hábitat de estos sea debidamente preservado, se queda de brazos cruzados.

Ahí está, por ejemplo, el caso del expresidente Fernando Lugo, quien en su discurso de asunción del mando había asegurado que los indígenas serían objeto de su “preocupación personal”, anunciando con gesto ampuloso que donaría parte de su salario para impulsar la causa de los mismos. Sin embargo, durante los casi cuatro años que duró su desastrosa gestión, hemos visto docenas de movilizaciones de protesta por falta de protección de integrantes de las más diversas etnias, así como permanentes acampamientos en plazas públicas y frente a la sede del Indi, muchos de ellos en condiciones infrahumanas.

El reciente conflicto con los carperos en la “finca 470”, como lo manifestó el doctor Eduardo Bernal, asesor legal de los aché, no respondía a un problema relacionado con la tenencia de tierra, sino al interés de estos por hacerse de la madera existente –robar, diríamos nosotros– en la propiedad, por arrasar los recursos naturales con claro objetivo pecuniario.

De acuerdo con la denuncia formulada por el letrado, los carperos habitan viviendas proveídas por el Gobierno, reciben subsidios estatales, atención médica, entre otro tipo de beneficios sociales, mientras que los indígenas

 

aché son totalmente marginados: no les alcanza el apoyo del sector público ni las autoridades se ocupan por atender sus reclamos de manera oportuna y organizada.

Están nuestros hermanos aché abandonados por la sociedad, no reciben asistencia de las agencias estatales, ni de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, ni siquiera de las tan célebres organizaciones no gubernamentales (ONG) supuestamente encargadas de trabajar por la promoción de los pueblos originarios. Nadie, excepto algunos empresarios particulares y la Fundación Moisés Bertoni, se ocupa de promover su calidad de vida.

“Sin embargo, se pudo observar cómo el Estado proveyó de vehículos, ambulancias, víveres y asistencia médica a vulgares delincuentes que quieren despojar de sus tierras a los aché para depredarlas”, manifestó con comprensible enfado y frustración el representante legal de la citada etnia.

Conste que la Constitución Nacional es lo suficientemente clara a la hora de garantizar los derechos de los primeros habitantes del Paraguay. “El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural”, prescribe el artículo 66 de nuestra Ley Fundamental.

Es de vital importancia, entonces, que el Estado cumpla con el rol que le asignan las leyes en lo que respecta a la promoción y preservación de los derechos de los pueblos originarios. Por ser uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, requieren una atención preferencial.

No es aceptable bajo ningún punto de vista que mientras grupos extorsionadores vinculados con la actividad delincuencial, como es la depredación de nuestros recursos naturales, son objeto de todo tipo de atenciones por parte de las autoridades, los aché sean relegados al olvido, incluso por aquellos que dicen tener una “desinteresada” vocación por trabajar en la promoción de sus condiciones de vida, como son los integrantes de las ONG, muchas de las cuales reciben fondos públicos para cumplir con su misión.

Es hora de que todos los sectores, desde el Estado, pasando por la clase política, hasta las organizaciones de la sociedad civil, demuestren un real y efectivo compromiso para lograr que nuestros hermanos indígenas puedan vivir en paz, con plenas garantías para el ejercicio de sus derechos, y posibilidades concretas de promoción humana y bienestar personal

 

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