Un
panorama desolador es el que
están sufriendo nuestros
compatriotas de la etnia aché,
debido al permanente acoso violento
de un grupo de “carperos” que
quieren apoderarse de sus tierras
ancestrales. La situación
de abandono en que ya se venían
desenvolviendo se agravó
con el repudiable hostigamiento
al que son sometidos por los
carperos desde hace ya varios
meses, con la repetida invasión
de la propiedad más conocida
como “finca 470”, en el departamento
de Canindeyú. Es llamativo
que la clase política
paraguaya se llene la boca a
la hora de hablar de la necesidad
de proteger los derechos de
los pueblos originarios, pero
cuando se trata de garantizar
que el hábitat de estos
sea debidamente preservado,
se queda de brazos cruzados.
Un
panorama desolador es el que
están sufriendo nuestros
compatriotas de la etnia aché,
debido al permanente acoso violento
de un grupo de “carperos” que
quieren apoderarse de sus tierras
ancestrales. La situación
de abandono en que ya se venían
desenvolviendo se agravó
con el repudiable hostigamiento
al que son sometidos por los
carperos desde hace ya varios
meses, con la repetida invasión
de la propiedad más conocida
como “finca 470”, en el departamento
de Canindeyú.
Es
llamativo que la clase política
paraguaya se llene la boca a
la hora de hablar de la necesidad
de proteger los derechos de
los pueblos originarios, pero
cuando se trata de garantizar
que el hábitat de estos
sea debidamente preservado,
se queda de brazos cruzados.
Ahí
está, por ejemplo, el
caso del expresidente Fernando
Lugo, quien en su discurso de
asunción del mando había
asegurado que los indígenas
serían objeto de su “preocupación
personal”, anunciando con gesto
ampuloso que donaría
parte de su salario para impulsar
la causa de los mismos. Sin
embargo, durante los casi cuatro
años que duró
su desastrosa gestión,
hemos visto docenas de movilizaciones
de protesta por falta de protección
de integrantes de las más
diversas etnias, así
como permanentes acampamientos
en plazas públicas y
frente a la sede del Indi, muchos
de ellos en condiciones infrahumanas.
El
reciente conflicto con los carperos
en la “finca 470”, como lo manifestó
el doctor Eduardo Bernal, asesor
legal de los aché, no
respondía a un problema
relacionado con la tenencia
de tierra, sino al interés
de estos por hacerse de la madera
existente –robar, diríamos
nosotros– en la propiedad, por
arrasar los recursos naturales
con claro objetivo pecuniario.
De
acuerdo con la denuncia formulada
por el letrado, los carperos
habitan viviendas proveídas
por el Gobierno, reciben subsidios
estatales, atención médica,
entre otro tipo de beneficios
sociales, mientras que los indígenas |
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aché
son totalmente marginados: no
les alcanza el apoyo del sector
público ni las autoridades
se ocupan por atender sus reclamos
de manera oportuna y organizada.
Están
nuestros hermanos aché
abandonados por la sociedad,
no reciben asistencia de las
agencias estatales, ni de la
Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento, ni siquiera
de las tan célebres organizaciones
no gubernamentales (ONG) supuestamente
encargadas de trabajar por la
promoción de los pueblos
originarios. Nadie, excepto
algunos empresarios particulares
y la Fundación Moisés
Bertoni, se ocupa de promover
su calidad de vida.
“Sin
embargo, se pudo observar cómo
el Estado proveyó de
vehículos, ambulancias,
víveres y asistencia
médica a vulgares delincuentes
que quieren despojar de sus
tierras a los aché para
depredarlas”, manifestó
con comprensible enfado y frustración
el representante legal de la
citada etnia.
Conste
que la Constitución Nacional
es lo suficientemente clara
a la hora de garantizar los
derechos de los primeros habitantes
del Paraguay. “El Estado respetará
las peculiaridades culturales
de los pueblos indígenas,
especialmente en lo relativo
a la educación formal.
Se atenderá, además,
a su defensa contra la regresión
demográfica, la depredación
de su hábitat, la contaminación
ambiental, la explotación
económica y la alienación
cultural”, prescribe el artículo
66 de nuestra Ley Fundamental.
Es
de vital importancia, entonces,
que el Estado cumpla con el
rol que le asignan las leyes
en lo que respecta a la promoción
y preservación de los
derechos de los pueblos originarios.
Por ser uno de los sectores
más vulnerables de nuestra
sociedad, requieren una atención
preferencial.
No
es aceptable bajo ningún
punto de vista que mientras
grupos extorsionadores vinculados
con la actividad delincuencial,
como es la depredación
de nuestros recursos naturales,
son objeto de todo tipo de atenciones
por parte de las autoridades,
los aché sean relegados
al olvido, incluso por aquellos
que dicen tener una “desinteresada”
vocación por trabajar
en la promoción de sus
condiciones de vida, como son
los integrantes de las ONG,
muchas de las cuales reciben
fondos públicos para
cumplir con su misión.
Es
hora de que todos los sectores,
desde el Estado, pasando por
la clase política, hasta
las organizaciones de la sociedad
civil, demuestren un real y
efectivo compromiso para lograr
que nuestros hermanos indígenas
puedan vivir en paz, con plenas
garantías para el ejercicio
de sus derechos, y posibilidades
concretas de promoción
humana y bienestar personal. |
