Los indígenas también deben someterse a la ley

Un grupo de indígenas achés de la reserva Colonia Chupapou, que está siendo investigado sobre la tala ilegal de árboles, hace unos días se permitió ejercer violencia secuestrando por varias horas y profiriendo amenazas de muerte contra periodistas que acompañaban a una comitiva fiscal. Esta actitud violenta no es la que habitualmente tuvieron los achés. Evidentemente están mal aleccionados por gente interesada en convertirlos en lo que ahora aparentan ser. ¿Deben los indígenas observar la ley como se exige a todos los habitantes? La respuesta es rotundamente afirmativa. Los indígenas no solamente deben tener derechos, sino también obligaciones como cualquier otro ciudadano.

Un grupo de indígenas de la parcialidad aché, que ocupa la reserva indígena Colonia Chupapou, que está siendo investigado en relación con la violación de la tala ilegal de árboles, hace unos días se permitió ejercer violencia secuestrando por varias horas y profiriendo amenazas de muerte contra siete periodistas que acompañaban a una comitiva fiscal.

Estos indígenas están dedicados a la producción ilícita de rollos que son vendidos a traficantes paraguayos y brasileños. Como algunos de los voceros del grupo nativo se manifestaron utilizando argumentos jurídicos para justificarse –alegan que la ley les autoriza a utilizar los recursos naturales para su sostenimiento–, cabe inferir que están aleccionados por gente que tiene interés en utilizarlos para saquear la riqueza de la reserva.

Como es de presumir a base de la experiencia, el precio que los traficantes estarán pagando a los indígenas por los rollos ha de ser insignificante. De esta manera cabe afirmar que, una vez más, se está en presencia de una infame acción de corrupción a costa de gente débil e indefensa, perpetrada por bandidos inescrupulosos –los traficantes de productos silvestres–, capaces de cometer toda clase de violaciones ilegales, de atentados contra los bienes ambientales y hasta de corromper los sanos hábitos y costumbres de los nativos, que hasta ahora se mostraban respetuosos de la naturaleza y de su equilibrio.

Por otra parte, cabe cuestionar si los achés se benefician realmente de la venta de los rollos de sus bosques. La primera respuesta puede obtenerse de la observación de sus condiciones de existencia, las cuales no mejoran ni evolucionan en ningún sentido que resulte evidente a simple vista. ¿Qué adquieren los indígenas con el dinero producido por la destrucción de sus bosques? ¿Se instruyen en técnicas de aprovechamiento agropecuario? ¿Compran maquinaria y herramientas, instalan colmenares, telares o cocinas modernas? ¿Mejoran sus viviendas? ¿Construyen escuelas y otros locales para servicios comunitarios?

Si es que no están haciendo nada de esto, lo que es de presumir, pues persisten en su forma de vida precaria –la misma de hace quinientos años–, entonces hay que inferir que el poco dinero que los traficantes les dan se convierte en bebidas y otros productos nocivos o perniciosos, quizás armas, tal vez motocicletas. Y de seguro motosierras, para hacer más fácil y rápida la destrucción de su hábitat, que antes era un delito cometido en forma exclusiva por invasores y colonizadores, pero que ahora lo perpetran ellos mismos.

Además, su actitud violenta ante autoridades y periodistas no es la que habitualmente tuvieron los achés, pueblo pacífico y cooperador. Evidentemente están mal aleccionados por gente interesada en convertirlos en lo que ahora aparentan ser. Pero, por lo demás, ¿deben o no los indígenas observar la ley como se exige a todos los habitantes del país? La respuesta es rotundamente afirmativa, porque con frecuencia se los incluye entre los “desposeídos”, como los “sin tierras”, a quienes se les quiere poner por encima de toda estructura legal. Por consiguiente, los indígenas no solamente deben tener derechos, sino también obligaciones como cualquier otro ciudadano en el país.

Es de esperar que las autoridades gubernamentales responsables del orden y la seguridad pública sepan imponerse a los indígenas soliviantados y hacerles respetar las normas comunes, recordando que las prohibiciones de carácter ambiental destinadas a proteger bienes naturales colectivos fueron establecidas pensando principalmente en ellos, a los que se consideraba los grupos humanos en mayor riesgo de sufrir daños en caso de destrucción del equilibrio en el sistema silvestre.

Además de la intervención inmediata de las autoridades para frenar la explotación forestal ilícita en inmuebles indígenas, es necesario que se persiga con mayor energía y eficacia a los traficantes de madera. Estos son los principales responsables de la corrupción campesina e indígena que causa la intensificación del robo de productos forestales, su sobreexplotación y depredación actual.

Los indígenas depredadores son capaces de producir tanto daño como cualquier otro grupo integrante de la sociedad nacional. Con el agravante de que, cuando se queden sin riqueza, demandarán airadamente la asistencia económica del Estado, invocando sus derechos humanos y haciendo propaganda de su mísero estado, acusando a los colonizadores “blancos” que “usurparon” sus bienes ancestrales de ser los causantes de su desgracia.

Haciéndoles cumplir la ley se ganarán, pues, dos grandes batallas, la protección del patrimonio natural –que es de todos, pero que aprovecha primero y principalmente a los indígenas– y su educación para convivir en una sociedad que pretende regirse por reglas de convivencia civilizada, reglas de las que ellos de ninguna manera deben permanecer exentos por su propio bien.